Más de ocho millones de euros en dos años y medio ganaron los tíos maternos y los primos de la presidenta Esperanza Aguirre con la compraventa de las fincas que adquirieron en el verano de 2001 y que vendieron en enero de 2004, según los datos que maneja el portavoz socialista de Tres Cantos, Miguel Aguado. La operación fue realizada por los Gil de Biedma Seoane, principales socios españoles de la firma de corredores de seguros AON Gil y Carvajal, en enero de 2004, ocho meses después de que el Gobierno Local, formado por Tres Cantos Unido y el PP, aprobara el nuevo PGOU, en mayo de 2003, tres semanas antes de las últimas elecciones municipales.
La disputa por el PGOU de Tres Cantos provocó entre 2001 y 2005, coincidiendo con las operaciones inmobiliarias de los hermanos José, Santiago y Javier Gil de Biedma Vega de Seoane, una intensa crisis en el interior del PP local, lo que llevó finalmente al ex concejal de Urbanismo, Juan Andrés Díaz Guerra, y a cinco ex concejales más a romper con el partido y a presentarse a las elecciones de 2003 bajo las siglas APTC (Alternativa Popular por Tres Cantos).
El candidato del PP en esas elecciones, Rafael Vázquez, dimitió también a los pocos meses de salir elegido portavoz del partido que gobierna en alianza con Tres Cantos Unido de María de la Poza.Nunca explicó las causas, pero en ese tiempo se discutió la privatización del sistema de gestión del nuevo PGOU, que posteriormente se adjudica a Fomento de Construcciones y Contratas. El resultado de todos estos cambios ha sido que el suelo industrial, previamente pactado, se ha reducido a menos de la mitad y se ha incrementado el residencial en una de las zonas más cotizadas del norte de Madrid.
Según los datos recogidos por el PSOE de Tres Cantos, “Eland Construcciones SL” adquirió a “José Banús SA”, entre 1988 y 1989, un total de 23 fincas (173.046 m2), en el término municipal, por un montante de 11.810.000 pesetas. Doce años después, en mayo de 2001, los tíos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, compran la empresa, nombrando presidente, vicepresidente y secretaria del Consejo de Administración a José Gil de Biedma y Vega de Seoane, Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane (tíos maternos de Esperanza Aguirre) y a Marta Gil de Biedma Rodríguez Salmones. Y como vocales: Santiago Gil de Biedma, Teresa Gil de Biedma Villalonga e Ignacio Gil de Biedma Villalonga.
Dos meses después, en julio de 2001, tíos y primos maternos de la presidenta forman “Desarrollo Inmobiliario Area TC SL” junto a las empresas: Cartefion SA, Das Haus Picos SL, y El Ardido SL, para adquirir las fincas de Tres Cantos a “Eland”, mediante una hipoteca, con el BBVA, por un importe de 3.155.313 E (18,23 euros/m2). El valor que sus propietarios dan al 100% de las acciones de “Eland” es de 5.135.103 euros, lo que nos llevaría a valorar los terrenos a un precio de 29,67 euros/m2.
En septiembre de 2003, poco antes de las nuevas elecciones autonómicas en Madrid provocadas por el “caso Tamayo”, se disuelve la sociedad y se liquida el patrimonio, adjudicándolo a sus socios. En enero de 2004, la familia de Esperanza Aguirre y sus socios venden 17 de las 23 fincas, con una superficie de 122.799 m2, por un precio de 11.428.196,96 E (93,06 euros/m2), a las sociedades “Obras y Estructuras SA.” y “Edificaciones y Obras Públicas, SA”. El precio declarado en la compra-venta fue de 89,88 E/m2. Ambas sociedades están integradas en el Grupo Urbalia y dirigidas por Jaime García y Joaquín Escrig, participan en otras operaciones inmobiliarias en la zona norte de Madrid.
Los adquirientes amplían entonces la hipoteca existente en 5.714.098 euros, además de subrogarse a la anterior hipoteca existente sobre estas fincas por 2.466.284 euros, quedando las fincas hipotecadas por 8.180.382,55 euros, y siendo el valor de repercusión de la nueva hipoteca de 66,61 euros/m2. El precio fijado en el PGOU como pago de justiprecio por mutuo acuerdo es de 96,9 euros/m2, más alto que el valor de la hipoteca.
“En esta operación de compra de suelo a precio barato y posteriores ventas con incrementos artificiales del valor del suelo, la familia de Esperanza Aguirre ha obtenido, en dos años y medio, beneficios que superan los 8 millones de euros (1.300 millones de pesetas), sin considerar las fincas aún no vendidas, 39.633 m2, que ya valen otros 3.800.000 euros -afirma Miguel Aguado- Sin duda un buen negocio en el momento oportuno. La Presidenta de la Comunidad tiene como principal responsabilidad el asegurar una vivienda asequible y luchar contra la especulación del suelo. Llama la atención que la actuación de su familia vaya en dirección contraria: elevar artificialmente el valor del suelo”.
pulsa aquí para volver a "el diario de pituca"
EXCMA. SRA. Dª ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Plaza Puerta del Sol
28071 MADRID
Copia para el Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago, Presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Excmo. Sr. D. José María Barreda Fontes, Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Asunto: EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ACUSA A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID DE LAS TRES MUERTES ACAECIDAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA EL 10 DE ABRIL DE 2.008 (ALOVERA – GUADALAJARA), QUE DEJAN UN HUERFANITO.
Burgos, 2 de julio de 2.008
Excma. Sra.:
“ Cuando el sabio señala la Luna , el necio mira al dedo. “
Perdone que empiece por esta pequeña reflexión este escrito.
En Internet, se puede ver una información del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, de fecha 4 de junio de 2.008, en relación con los tremendos hechos ocurridos en ALOVERA (Guadalajara), en que fallecieron tres personas, y un niño de cuatro años quedó huérfano. Por dicha información, ningún juez, fiscal o secretario judicial es acusado o imputado de falta alguna, y sí, en cambio, dos personas cuya responsabilidad compete a esa Comunidad Autónoma de Madrid. Me refiero en concreto a dos personas que tienen o han tenido relación con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5, de Torrejón de Ardoz (Madrid):
Dª SILVIA TORRES, funcionaria.
Dª MARIA ISABEL TAGLE, psicóloga.
Mi interés por este asunto, empezó cuando, apenas producida la muerte de los dos padres del niño en cuestión, junto con la nueva pareja de la madre, los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, hablaban de que el niño iba a ser entregado a un tío materno que reside en Italia, con extrema rapidez, para residir, finalmente, en Italia. Se comentaba de los posibles problemas legales de tal decisión, pues se hablaba de legislaciones italiana y española, pero el problema era más grande aún, al ser hijo de ciudadana argentina y ciudadano español. Es decir, tres sistemas legales distintos en una decisión tomada en pocas horas. En la prensa argentina, ya se decía que el niño iba a quedarse con los abuelos maternos en Argentina, cuando en Castilla-La Mancha se insistía que el niño se iba a quedar en Italia. Finalmente, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha reconoce que el niño se va a quedar, muy probablemente, en Argentina.
Estimo que puede parecer muy fuerte el manifestar que el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL acusa a la Comunidad Autónoma de Madrid, que Ud. preside, por elección democrática, de tres muertes sucedidas en otra comunidad autónoma, pero, como se ha manifestado en multitud de ocasiones en el ámbito coloquial, aquí, cuando algo sale mal, se buscan culpables, en vez de buscar soluciones para que la próxima vez no ocurra. Sin demasiada malicia, me temo que el mochuelo de que un niño se haya quedado huérfano en otra comunidad autónoma, se lo cargan a la Comunidad Autónoma de Madrid, que Ud. preside.
Con fecha 26 de junio de 2.008, el Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Peticiones, del Congreso de los Diputados, D. Antonio Garcías Coll, me envía escrito diciendo que mi petición a dicho Congreso de los Diputados, expte. 280/000473/0000, cuyo objeto era solicitud de investigación de la actuación de las diversas administraciones y profesionales que han podido intervenir y estén interviniendo en el drama familiar del niño huérfano por los sucesos acaecidos en Alovera (Guadalajara), es que, de acuerdo con la sesión de la Comisión de Peticiones del citado Congreso de los Diputados, de 24 de junio, se traslada el tema el Excmo. Sr. Defensor del Pueblo.
El objeto de esta carta no es otro que hacerla un pequeño resumen del trato que no debe sufrir ninguna pareja, ningún niño, ninguna familia en los juzgados de la comunidad autónoma que Ud. dirige.
El primer derecho de esta familia deshecha, de este huerfanito, era que los abogados que tuvieron sus padres les hubieran dado presupuesto previo por escrito, e incluso que les hubieran indicado el posible importe de las costas judiciales que podrían suponer el perder juicios, tal como se señala en los artículos 37 y 39 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. La recalco este tema, al haber recibido, con urgencia, al abogado de la madre, D. Roberto García Bermejo, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial, Excma. Sra. Dª Montserrat Comas. ¿ Exigirá Ud. a quién corresponda que se cumpla este derecho ?.
No es un tema baladí el preguntarnos esto. La cliente de este abogado, y algún posible socio, era la madre, no el huerfanito. Y es preciso recalcar que la madre, con sólo presentar la certificación de la inscripción de matrimonio y de la inscripción de nacimiento del niño, hubiera podido acceder al divorcio, sin que el padre se hubiera podido oponer por motivos materiales. Esto lo dice el artículo 770.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por supuesto, no tendría que haber argumentado su decisión, pues estimo que llevaba más de los tres meses de matrimonio que se contemplan en los artículos 81 y 86 del Código Civil.
No hubiera precisado ni abogado, ni decisión judicial para dejar de convivir con el esposo que escogió y que nos exigió inscribir en el correspondiente registro civil, tal como se indica en el artículo 105 del Código Civil.
Quiero pensar que todas las ciudadanas que residen en esa comunidad tienen a su alcance conocer estos derechos, y habrá folletos que lo indiquen. ¿ O no es así ?. Que yo sepa, a ninguna mujer de esa comunidad se la impone ni marido, ni se la impone convivir con el mismo, contra su voluntad. Si estuviera equivocado, ruego corrija mi posible ignorancia.
¿ Garantiza a todas las familias españolas esa Comunidad Autónoma de Madrid el tener presupuesto previo de abogados y procuradores en los procesos de familia ?. Me temo que no. ¿ Garantiza esa Comunidad Autónoma de Madrid que todas las mujeres casadas libremente de esa comunidad pueden dejar de convivir con su esposo, sin dar explicaciones, desde el mismo momento en que Ud. pueda leer esta carta ?. Porque sería muy grave que mujeres de esa Comunidad Autónoma de Madrid estén padeciendo situaciones no deseadas, y no hablo de maltrato, por falta de conocimientos jurídicos tan sencillos. Si el problema es que materialmente van a la miseria, nos encontraríamos con un problema social que dificulta el ejercicio de un derecho contemplado en el sistema jurídico español, no, necesariamente, casos de presuntos malos tratos.
¿ No habrá detrás de muchas denuncias por años de maltratos un grave problema social ?.
Especial mención me merecen los presuntos maltratos psicológicos que puedan denunciar las esposas. ¿ Acaso alguna tiene un libro de instrucciones sobre su matrimonio dado por el estado español ?. Me temo que no saben, la mayor parte, ni lo que es el Código Civil ni lo que dicen sus artículos 66, 67 y 68, que, por cierto, fueron modificados en el año 2.005, según creo.
Pero, concentrémonos en el drama judicial sufrido por la familia de este huerfanito. ¿ No protestaría Ud. porque sus asuntos de familia pasen por las manos quizá de dos juzgados, cuatro o cinco jueces, no se sabe cuantos fiscales, no se sabe cuantos secretarios judiciales y funcionarios ?. ¿ Ud. cree que puede salir algo bueno de ese funcionamiento, me temo muy corriente, en diversos juzgados de esa comunidad autónoma ?.
¿ Cuantos jueces tienen que leer un mismo expediente, y cuantos fiscales han visto este caso ?. Porque, me temo, que si Ud. oferta esta administración de justicia a las familias de esa comunidad autónoma van a poner el grito en el cielo. Lo malo es que eso les está sucediendo a muchos ciudadanos. ¿ Han protestado Ud. o sus consejerías por ello ?. ¿ Qué le han dicho, si protestó ?. ¿ Qué medidas han tomado ?.
¿ Cuantos muertos tienen que tener los forenses en sus mesas de trabajo para que eso se arregle ?.
Aquí hay problema de fondo, que nadie quiere mirar. El primero es si esta mujer asesinada fue debidamente asesorada. En primer lugar, por la información pública de diferentes administraciones, y luego de sus letrados, pues tuvo varios, según creo.
¿ Se equivocó en su petición a la administración de justicia ?. ¿ No hubiera sido mejor haber ido a una mediación familiar ?.Yo no tengo que responder a esas preguntas, porque no es mi misión, pero esa mujer tuvo varias posibilidades, que yo no la quité, ni Ud. tampoco.
Otro tema de fondo, que nadie querrá mirar, es si la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, era la apropiada en este caso. En efecto, esto es lo que dice su artículo 1.1 (Objeto de la Ley ):
“La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”
La legislación española la dio medios legales que pudo utilizar, pero, ¿ por qué no los utilizó ?. Se los dimos a ella, personalmente. Nadie la impidió utilizarlos.
Esto es lo que se dice en dicha ley, en su exposición de motivos:
“ La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral».
Aquí se están mezclando dos temas de los que estimo no era responsable el esposo que eligió: agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral. ¿ Qué condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino tuvo esta mujer que la pudieron impedir alcanzar los mayores conocimientos científicos que tuvo, por su capacidad y méritos ?. ¿ Los tuvo en la universidad española ?. Aquí no hablamos de una mujer con burka, ni a la cual se la obligó a casarse, ni sufrió mutilación genital alguna, como puede suceder en otros países. La sociedad española no la subordinó a ningún hombre.
Antes se dice:
“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.”
¿ Dónde esta, en este caso, “la más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad” ?. Me temo que en este caso, la fallecida tenía una calificación académica muy superior al esposo.
Miles de ciudadanos de esa comunidad, muchos de los cuales le habrán votado a Ud. han sido expulsados de su vivienda, apartados de sus hijos, expoliados en lo económico, con una simple denuncia, por si acaso …………………………. Eso sí, en muy poco tiempo, el resto de los procesos y de la presunta tutela judicial efectiva pueden esperar. Un juez, otro juez, otro fiscal, un mes, dos meses, un año ………………………………………
Cuando esa Comunidad Autónoma de Madrid es cargada con el mochuelo, y perdóneme la expresión coloquial, por el Consejo General del Poder Judicial, bueno es que analicemos un poco lo que puede y debe hacer el psicólogo, el que sea, el psiquiatra, el que se sea ,en estos temas, en que la libertad de nadie se discute.
Si tamaña es su responsabilidad, que merece castigo, sugiero que los pongan en el aeropuerto de Barajas, y hagan un examen a todo inmigrante que llegue, varón, por supuesto, y el que no pase el examen de macho domado no entre en este paraíso de la ley, en que los hombres y las mujeres no somos iguales ante la misma. ¿ Se imagina Ud. que se crearan juzgados de partidos políticos y según sea uno, o una, de un partido político o de otro las posibles penas, por el mismo delito, fueran distintas ?. Por ejemplo, para tema de prevaricación de políticos o robo de caudales públicos.
¿ Y si los psicólogos hicieran tests a los niños cuando entran en la enseñanza obligatoria y detectaran ya a los futuros maltratadores ?. ¿ Qué tal que reciban cursos para maltratadores, desde los tres años ?.
Grave me parece que desde ayuntamientos de esa comunidad se haya podido atacar la posible profesionalidad de un psicóloga, por informes que no han gustado a mujeres. ¿ Es que los ciudadanos varones debemos admitir, como corderitos indefensos, que se nos detenga, expulse de nuestros domicilios, se queden nuestros hijos sin padre, se nos obligue a pagar hipotecas de viviendas para que otros hombres o parejas ocupen nuestro lugar ?. En su comunidad hay cientos y miles de anuncios de viviendas vacías. ¿ Se prohíbe a las mujeres de esa comunidad alquilarlas o comprarlas ?.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis, hace varios años, realizó un estudio sobre juzgados de Castilla-La Mancha. En muchos casos en que se decidían derechos de niños, no comparecía el Ministerio Fiscal. Cuando ahora el Consejo General del Poder Judicial pide que esa Comunidad Autónoma de Madrid castigue a dos funcionarios suyos, ruego pregunte al Consejo General del Poder Judicial cuántos castigos sufrieron los jueces y fiscales implicados en esas ausencias que eran violaciones de derechos humanos y constitucionales de menores no emancipados. Aplique Ud. el mismo criterio que aplicó el Consejo General del Poder Judicial. Pregúnteles antes de castigar a los últimos monos, si se me permite la expresión, en un tema gravísimo.
No es un tema nimio el preguntarse si este huerfanito debió ser tutelado por un juzgado de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, o por el juzgado donde se llevaban los temas que afectaban a esa familia, y era uno de esa comunidad: EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5, de TORREJON DE ARDOZ ( Madrid).
Tres posibles legislaciones, dos comunidades autónomas, quizá dos juzgados, cuatro o cinco jueces, no se sabe cuantos fiscales, ni cuantos secretarios judiciales, ni cuantos funcionarios, Ministerio de Justicia, de Defensa, del Interior, guardias civiles de varios sitios, diversos servicios sociales varios, supongo, etc.
Todo esto lo investigan jueces, y los jueces salen limpios.
La jueza última, parece que se llevó el expediente para estudiarlo en vacaciones. Así no puede ni debe funcionar este país.
Excma. Sra. Dª Esperanza Aguirre, según el Consejo General del Poder Judicial, los tres muertos que pasaron por la mesa de los forenses, y el huerfanito que está en Argentina, son culpa de empleados o funcionarios, o como los quiera llamar, que esa Comunidad Autónoma de Madrid parece que eligió mal, o al menos es eso, con mi ignorancia en estas cosas, lo que pienso, conforme a lo decidido por el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
Ni más, ni menos, a Ud. el Consejo General del Poder Judicial le ha COLGADO EL SAN BENITO: TRES MUERTOS Y UN HUERFANITO.
Atentamente,
Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.
P. D.- Esta carta es pública. Yo no tengo nada que esconder sobre este tema. No sé si otros sí. ¿ Qué y quién le puede explicar a ese niño lo que realmente pasó, y quién o quienes fueron los responsables ?.
EXCMO. SR. D. FRANCISCO JOSE HERNANDO SANTIAGO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Marqués de la Ensenada , 8
28.071 MADRID
ASUNTO: ENVIO COPIA DE LA CARTA QUE DIRIJO A LA EXCMA. SRA. Dª ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA, SOBRE EL NIÑO HUERFANO DE ALOVERA (GUADALAJARA).
Burgos, 2 de julio de 2.008
Excmo. Sr. :
Adjunto me permito enviarle copia de la carta que dirijo a la Excma. Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre el tema de referencia.
Atentamente.
Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.
EXCMO. SR. D. JOSE MARIA BARREDA FONTES
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Plaza Conde, 2
45.002 TOLEDO
ASUNTO: ENVIO COPIA DE LA CARTA QUE DIRIJO A LA EXCMA. SRA. Dª ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA, SOBRE EL NIÑO HUERFANO DE ALOVERA (GUADALAJARA).
Burgos, 2 de julio de 2.008
Excmo. Sr. :
Adjunto me permito enviarle copia de la carta que dirijo a la Excma. Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre el tema de referencia.
Atentamente.
Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.